Monday, December 9 2019

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La Tercera Internacional surgió a partir del colapso del capitalismo en la pasada guerra (Primera Guerra Mundial). Las clases populares a las que deseamos servir tienen el derecho de exigirnos que estemos ahí, en el Parlament y en el gobierno de la Generalitat para defender sus intereses, hoy tan desatendidos. Rechazamos el uso de la fuerza para resolver conflictos y defendemos la mediación como mecanismo más justo y efectivo para abordar este tipo de situaciones.

La Ley de Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza”, ha sido diseñada y concebida para limitar el ejercicio de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la no discriminación ideológica, el derecho a la defensa la presunción de inocencia. Ahora Madrid considera que esta ley castiga con medidas absolutamente desproporcionadas, convirtiendo faltas en delitos infracciones administrativas, por lo que ya no serán juzgadas por un juez, sino impuestas desde la Administración, desapareciendo así las garantías del proceso penal. A esta sentencia se le añadieron 15 años en 1986 por un intento de fuga de López Rivera.

Entre las medidas que contiene esta ley destaca como especialmente lesiva para los derechos de la ciudadanía el artículo 43.1, que prevé la creación de un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia”. Ahora Madrid considera injustificado que determinados delitos vinculados al derecho de huelga y manifestación se traten de forma específica.

En este caso la reincidencia, y por lo tanto el agravamiento de las penas sanciones, estará en manos de criterios exclusivamente policiales y al margen de cualquier garantía jurídica. Ahora Madrid confía en que la admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso contra la Ley Mordaza implique un rechazo total a este tipo de políticas de acoso y criminalización de la protesta legítima, atendiendo a lo recogido por la Constitución Española como derecho fundamental para la ciudadanía. Además, animamos a toda la ciudadanía a denunciar y trabajar para su derogación, mediante la articulación con los agentes sociales que llevan interviniendo a tales efectos en este contexto.

Ahora Madrid adopta por tanto una posición totalmente contraria a esta Ley de Seguridad Ciudadana, concebida como la herramienta última de un Gobierno incapaz de dar respuesta a las legítimas demandas de la sociedad. Ahora Madrid se compromete a hacer lo posible por desarrollar con la ciudadanía cuantas iniciativas se lancen desde el Gobierno municipal desde el resto de partidos políticos representados en el Ayuntamiento para paliar los efectos de una Ley que nunca debió existir.

Por ello, lamentamos la intervención sucedida el pasado lunes en la Puerta de Sol que acabó con la detención de dos personas. ALAI AMLATINA, 13/07/2015.- A mediados del siglo XX, el gobierno de Washington exhibía a Puerto Rico como la Vitrina del Caribe”, el modelo soñado para los países mesoamericanos y unos decenios después igualmente lo hicieron los predicadores neoliberales y los apologistas de los TLC. Esta institución es pilar único en conservación y difusión de la historia del cine en nuestro país.

Sin embargo, hace ya un par de décadas la economía de la isla se congeló y desde hace 10 años constituye una catástrofe cuyas crecientes calamidades atormentan el empleo, la alimentación, la seguridad social, la salud, la criminalidad y la estructura demográfica de la población. Ahora una deuda pública impagable dio pie a que The Economist califique a la isla como la Grecia del Caribe” y más de la mitad de los puertorriqueños señala que la principal causa del desastre es el estatus político que aquellos pregoneros encomiaban: el Estado Libre Asociado.

Por una sentencia que la Corte Suprema estadunidense dictó en 1901 (tres años después de que la armada de su país le quitara esa posesión a España), Puerto Rico pertenece a” pero no es parte de” Estados Unidos, y su soberanía corresponde al Congreso norteamericano. En otras palabras, no es un Estado de la Unión sino un territorio” , como eso se llama en el resto del mundo, una colonia. Y esto no es un invento increíble, pudo verse en toda su brutalidad el 19 de julio en ciudad universitaria.

Aunque en 1952 Washington le concedió a la isla un estatus que les permite a sus pobladores elegir gobierno local, ellos carecen de soberanía y, por consiguiente, no pueden decidir su propia política económica ni aspirar a auxilios del Banco Mundial, el BID, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) ni otras agencias multilaterales. Prensa Libre intentó comunicarse con Ventura Loyo a los teléfonos que aparecen en su currículum, pero no respondió.

Pero desde los años 80 del siglo pasado ese valor decayó, mientras la resistencia puertorriqueña a las bases militares crecía, y desde hace más de 10 años en Puerto Rico ya no queda ninguna de ellas. Dado que el control norteamericano quebró la economía puertorriqueña y la hizo insostenible, ahora el Tesoro federal estadunidense eroga más de US$ 6,000 millones anuales en asistencia a sus pobladores en empleo, nutrición, vivienda, salud y educación. Por esa vía, en los últimos años Puerto Rico perdió 144,000 habitantes, una caída cercana al 3% de su gente.

Según el Departamento de Agricultura de EEUU, en 2012 el 37% de los puertorriqueños residentes en la isla recibió asistencia alimentaria, por un total de US$ 2,000 millones. Para colmo, en 2006 concluyeron los incentivos para mantener compañías farmacéuticas en la isla y un creciente número de ellas abandonó el país, disparando una mayor crisis del empleo.

Sin embargo, desde los años 90 Estados Unidos procuró tratados de libre comercio con países del continente, y al cabo México, República Dominicana y Centroamérica pasaron a ser más atractivos para fabricar manufacturas destinadas al mercado norteamericano. Ventilador: Le proporciona succión al Blendomat, encaminando las partes del algodón hasta el bypass.

Por ese tipo de motivos miles de centroamericanos y mexicanos intentan cada año migrar al Norte, y Estados Unidos se los obstaculiza por medio de los cuerpos de seguridad de sus propios países y de la migra” norteamericana, y deporta a gran parte de quienes logran cruzar. El 40% de las familias que sigue en la isla está bajo la línea de la pobreza y el 42% de quienes se van lo hacen en busca de empleo. Entre dificultades para superar la barrera del idioma y los prejuicios raciales, se hacinan en albergues temporales y demoran en retener empleos marginales, en un país agobiado por su propia crisis. Como el nuevo presupuesto costará unos US$ 9,800 millones, concretarlo va a imponer dolorosos recortes.

Al disminuir la población activa, contrae la demanda, achica la oferta trabajo y los salarios, y al cabo más gente se va. Ahora en la isla quedan 3.7 millones de habitantes y en Estados Unidos hay 4.7 millones de puertorriqueños. En el corto plazo, uno de sus efectos es la crisis fiscal y presupuestaria que ya quiebra al gobierno isleño y amenaza la gobernabilidad del país.

Y ahora, bajo la presión de los acreedores, al no ser un país independiente Puerto Rico carece de los medios que una nación soberana usaría para enfrentar el problema. Y al tampoco ser un Estado de la Unión, está impedida de solicitar las ayudas que la legislación norteamericana prevé para las entidades que sí forman parte de su federación. Según el Centro para una Nueva Economía (CNE), entidad independiente puertorriqueña, en 2013 la deuda del país ya ascendía a US$ 70,000 millones (unos US$ 19,000 por habitante), lo que representa un 102% del PIB y no se corresponde con lo que la isla produce.